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INTRODUCCION

Disponer de una cuenta bancaria ha dejado de ser una opción. Cobrar una nómina o una pensión, domiciliar recibos, pagar impuestos o desarrollar una actividad empresarial exige, en la práctica, operar a través de una cuenta. Por eso, cuando una entidad decide cancelarla unilateralmente, las consecuencias trascienden la relación contractual: el cliente puede dejar de recibir ingresos, ver devueltos sus recibos o encontrarse con su actividad comercial paralizada.

Al mismo tiempo, las entidades actúan bajo una presión regulatoria creciente, en particular en materia de prevención del blanqueo de capitales, que en ocasiones les obliga a terminar la relación. El fenómeno conocido como de-risking, esto es, el rechazo o la cancelación de relaciones con clientes o colectivos percibidos como de riesgo, ha merecido ya la atención de las autoridades europeas y españolas.

Este artículo examina cuándo puede un banco cerrar una cuenta, qué límites debe respetar, si está obligado a explicar su decisión y en qué casos responde de los daños que cause. La respuesta exige distinguir tres situaciones cuyo régimen difiere sensiblemente: la cuenta ordinaria, la cuenta de pago básica y el cierre motivado por la normativa de prevención del blanqueo.

UN CONTRATO DE DURACION INDEFINIDA QUE PUEDE EXTINGUIRSE

La cuenta corriente o a la vista es un contrato de duración indefinida, basado en la confianza entre las partes y articulado normalmente junto con un contrato marco de servicios de pago. Como recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo 480/2012, de 18 de julio, en nuestro sistema las partes tienen, como regla, la facultad de desvincularse unilateralmente de los contratos de duración indefinida. Ni el cliente ni la entidad quedan obligados a mantener la relación de por vida.

Para las cuentas de pago, esta regla general aparece concretada en el artículo 32 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago. El usuario puede resolver el contrato marco en cualquier momento y sin preaviso. El proveedor, en cambio, solo puede resolver un contrato marco celebrado por tiempo indefinido si así se ha pactado y avisando con

una antelación mínima de dos meses. El mismo precepto remite, con carácter supletorio, a las previsiones del Código Civil sobre la resolución de las obligaciones.

El punto de partida es, por tanto, claro: el banco puede cerrar una cuenta, pero no de cualquier manera. Debe existir previsión contractual y debe respetarse el preaviso legal. Cuando el cliente es un consumidor, el control es aún más intenso, pues el artículo 85.3 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios considera abusivas las cláusulas que facultan al empresario para resolver un contrato de duración indefinida sin previa notificación con antelación razonable. Una cláusula que permitiera el cierre inmediato sin causa ni aviso difícilmente superaría ese control.

EL PREAVISO Y LA BUENA FE COMO LIMITES

La facultad de desistir no es absoluta. El artículo 7 del Código Civil exige ejercitar los derechos conforme a la buena fe y proscribe su ejercicio abusivo, y el artículo 1258 integra en el contrato las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe. Sobre esta base, la citada STS 480/2012 declara que el deber de lealtad exige preavisar a la otra parte incluso cuando el contrato no lo prevé expresamente, y que un ejercicio de la facultad resolutoria de forma «sorpresiva o inopinada», sin un prudente margen de reacción, puede constituir abuso de derecho o actuación de mala fe. Tal conducta no impide la extinción del vínculo, pero puede dar lugar a una indemnización si causa daños. Aunque la sentencia se dictó en materia de agencia, formula una regla general sobre los contratos de duración indefinida que resulta trasladable a la relación bancaria.

El preaviso cumple en este ámbito una función muy concreta: permitir que el cliente traslade sus domiciliaciones, comunique una nueva cuenta a sus pagadores y abra una cuenta en otra entidad sin sufrir interrupciones. Un preaviso formalmente respetado pero vaciado de contenido, por ejemplo, mediante restricciones de la operativa que no respondan a una causa legal, puede resultar igualmente contrario a la buena fe.

La misma sentencia contiene, sin embargo, una advertencia relevante para la práctica: la falta de preaviso no genera automáticamente un derecho a indemnización. El cliente debe acreditar un daño específico derivado de la omisión o de la insuficiencia del plazo, es decir, un perjuicio que no se habría producido de haber dispuesto de una antelación razonable.

¿DEBE EL BANCO EXPLICAR LOS MOTIVOS DEL CIERRE?

Fuera del régimen de la cuenta de pago básica, que se examina más adelante, no existe una norma general que obligue a la entidad a motivar el cierre de una cuenta ordinaria cuando el contrato permite su resolución con el preaviso legal. Sostener lo contrario no se corresponde con el Derecho vigente.

Ello no significa que la motivación sea irrelevante. Si el cierre se impugna como abusivo, la posición de la entidad se debilita cuando no puede ofrecer razón objetiva alguna, y la ausencia de explicación, unida a una relación prolongada, a un comportamiento regular del cliente y a un perjuicio grave, puede contribuir a acreditar el ejercicio abusivo del derecho. A la inversa, en muchos casos la entidad no podrá explicar sus razones por imperativo legal, como sucede cuando el cierre obedece a la normativa de prevención del blanqueo.

PREVENCION DEL BLANQUEO: OBLIGACION DE CERRAR Y DEBER DE SILENCIO

La prevención del blanqueo de capitales es una de las causas más frecuentes de cancelación. El artículo 7.3 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, impide establecer relaciones de negocio o ejecutar operaciones cuando no puedan aplicarse las medidas de diligencia debida, y obliga a poner fin a la relación cuando esa imposibilidad sobrevenga. El mismo precepto añade que la terminación por esta causa no conllevará, salvo que medie enriquecimiento injusto, ningún tipo de responsabilidad para la entidad. A ello se suma la prohibición de revelar al cliente que se ha examinado o comunicado una operación al Servicio Ejecutivo de la Comisión (artículo 24). En estos supuestos, la entidad no solo puede, sino que a menudo debe, abstenerse de explicar sus razones.

Esa exoneración no es, sin embargo, un cheque en blanco. Ampara el cierre que responde realmente a la imposibilidad de aplicar la diligencia debida, no cualquier decisión comercial presentada como una exigencia de cumplimiento normativo. En un eventual litigio, cabe esperar que la entidad deba acreditar, al menos, la concurrencia de esa causa, por ejemplo, mediante los requerimientos de información o documentación que el cliente no atendió. La invocación genérica de la normativa no debería bastar.

Las autoridades han puesto de relieve los riesgos de una aplicación desproporcionada de estas normas. La Autoridad Bancaria Europea aprobó en 2023 unas directrices sobre la gestión del riesgo de blanqueo al proporcionar acceso a servicios financieros (EBA/GL/2023/04). Y el Sepblac publicó en marzo de 2026 una guía de buenas prácticas para minimizar el de-risking, elaborada tras las inspecciones realizadas a entidades de crédito durante 2025. Entre esas buenas prácticas figuran evitar listados que excluyan categorías enteras de clientes, valorar medidas intermedias, como la restricción de determinados productos, antes de terminar la relación, no cancelar automáticamente la relación con un cliente por el solo hecho de haber comunicado sus operaciones al Sepblac, y registrar internamente la decisión y sus motivos, distinguiendo si la causa es comercial o deriva del cumplimiento de la normativa. Aunque la guía tiene carácter orientativo, ofrece un parámetro útil para valorar la diligencia de la entidad. El nuevo Reglamento (UE) 2024/1624, cuyas previsiones relevantes en esta materia serán aplicables a partir del 10 de julio de 2027, reforzará este enfoque a escala europea.

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LA CUENTA DE PAGO BASICA: CAUSAS TASADAS Y MOTIVACION OBLIGATORIA

El Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, que incorporó la Directiva 2014/92/UE, reconoce el derecho de acceso a una cuenta de pago básica, una cuenta con los servicios esenciales destinada a evitar la exclusión financiera. Su régimen de extinción es mucho más estricto que el de la cuenta ordinaria.

Conforme a su artículo 6, la entidad solo puede resolver el contrato cuando concurre alguna de las causas legalmente previstas: el uso deliberado de la cuenta para fines ilícitos, la ausencia de operaciones durante más de veinticuatro meses consecutivos, la obtención de la cuenta mediante información incorrecta, la falta de residencia legal en la Unión Europea fuera de los casos protegidos, la apertura posterior de otra cuenta que permita los mismos servicios o la falta de aportación de la documentación necesaria para aplicar la diligencia debida. Con carácter general, la resolución debe notificarse por escrito, de forma gratuita, con al menos dos meses de antelación y expresando sus motivos. El artículo 7 permite la eficacia inmediata en algunos supuestos y, cuando la causa es la falta de documentación para la diligencia debida, sin necesidad de justificación. En todo caso, la notificación debe informar al cliente de cómo reclamar y de su derecho a acudir al sistema de reclamaciones previsto en el artículo 30 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre.

Este régimen tiene además una consecuencia práctica de interés para cualquier cliente. El artículo 4 obliga a denegar la apertura de una cuenta de pago básica a quien ya dispone de otra cuenta, salvo que la entidad le haya notificado su decisión de resolver el contrato. Es decir, la comunicación del cierre abre la puerta a solicitar una cuenta de pago básica, lo que reduce el riesgo de que el cliente quede excluido del sistema financiero.

LA RESPONSABILIAD CIVIL DE LA ENTIDAD

Cuando el cierre infringe el contrato o la ley, porque se omite el preaviso, se aparta de las causas pactadas, afecta a una cuenta de pago básica fuera de los supuestos legales o constituye un ejercicio abusivo del derecho, la entidad responde de los daños y perjuicios causados conforme al artículo 1101 del Código Civil.

Entre los daños habitualmente reclamados se encuentran las comisiones y gastos por la devolución de recibos, los recargos e intereses derivados de pagos fallidos y los costes de la apertura urgente de otra cuenta. En el caso de clientes empresariales pueden añadirse el lucro cesante por operaciones perdidas y, en supuestos excepcionales y debidamente probados, el daño a la reputación comercial. Como ya se ha indicado, ninguno de estos daños se presume: el cliente debe acreditar la conducta ilícita, el perjuicio efectivo, su cuantía y el nexo causal. Por ello, conservar la comunicación de cierre, las fechas, los cargos devueltos y la correspondencia con terceros resulta determinante.

Antes de acudir a los tribunales, el cliente puede reclamar ante el servicio de atención al cliente de la entidad y, después, ante el Servicio de Reclamaciones del Banco de España. Este cauce no impide el ejercicio de las acciones judiciales y suele ser útil para obtener la documentación y las explicaciones que la entidad esté en condiciones de facilitar.

DECISIONES AUTOMATIZADAS Y SUPERVISION HUMANA 

La detección de operaciones anómalas y la propia decisión de cancelar una cuenta descansan cada vez más en sistemas automatizados. El artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos reconoce el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado que produzca efectos jurídicos o afecte significativamente al interesado, salvo en los supuestos que el propio precepto admite, y garantiza en algunos de ellos el derecho a obtener intervención humana, a expresar el propio punto de vista y a impugnar la decisión.

El cierre de una cuenta es una decisión con efectos jurídicos evidentes. Si se adopta de forma íntegramente automatizada, la entidad deberá poder justificar en qué excepción se ampara y, cuando proceda, ofrecer una revisión humana efectiva. Esta exigencia es coherente con la recomendación del Sepblac de analizar cada caso en lugar de cancelar de forma automática.

CONCLUSIONES

El banco no está obligado a mantener indefinidamente una cuenta abierta. Puede resolver el contrato, pero debe contar con previsión contractual, respetar el preaviso mínimo de dos meses que exige la normativa de servicios de pago y actuar conforme a la buena fe. Cuando el cliente es consumidor, las cláusulas que permitan un cierre sin antelación razonable pueden ser declaradas abusivas.

La prevención del blanqueo de capitales justifica cierres sin explicación e incluso exonera de responsabilidad, pero solo cuando la causa invocada es real. Las orientaciones europeas y la guía del Sepblac de 2026 apuntan en una misma dirección: decisiones individualizadas, proporcionadas y documentadas, no exclusiones automáticas de colectivos. En la cuenta de pago básica, el legislador ha ido más allá y ha fijado causas tasadas de resolución y un deber de motivación.

En definitiva, la facultad de cerrar una cuenta forma parte de la libertad contractual de la entidad, pero su ejercicio está sujeto a límites concretos y verificables. Cuando se traspasan, el cliente dispone de cauces para reclamar, siempre que pueda acreditar el daño sufrido.

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