El cese del consejero escogido por un socio minoritario vía sistema proporcional en una S.A.: La Audiencia Provincial de Pontevedra fija el límite en la racionalidad y no en la justa causa

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Introducción.

En el derecho societario, pocas relaciones son tan delicadas como la que existe entre el poder de la mayoría y los derechos de protección de los socios minoritarios.

La junta general, como órgano superior de la voluntad social, ostenta facultades de enorme calado, entre las que destaca la capacidad para nombrar y cesar a los administradores. Sin embargo, este poder no es absoluto.

El poder de los administradores se encuentra modulado por principios esenciales como la buena fe y la interdicción del abuso de derecho, que actúan como contrapesos para salvaguardar el interés social y evitar que la mayoría imponga su voluntad de forma lesiva o arbitraria.

Es precisamente en este punto de fricción donde la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra nº 63/2024 de 8 de febrero de 2024, arroja una luz clarificadora, abordando el cese de un consejero designado por el sistema de representación proporcional en una sociedad anónima y estableciendo un criterio de control judicial que se aleja de la exigencia de una «justa causa» para centrarse en la racionalidad de la decisión.

Este pronunciamiento no solo resuelve un conflicto particular, sino que ofrece una valiosa guía sobre los límites del poder mayoritario y las responsabilidades que incumben a la fiscalización minoritaria.

Análisis de la Sentencia.

El núcleo del litigio se origina en la colisión de dos preceptos clave de la Ley de Sociedades de Capital, por un lado, el artículo 223, que consagra la libre revocabilidad de los administradores (ad nutum), permitiendo a la junta general separarlos de su cargo en cualquier momento y sin necesidad de que conste en el orden del día. Y por otro lado, el derecho de la minoría a agrupar sus acciones para designar consejeros mediante el sistema de representación proporcional, un mecanismo diseñado para asegurar su voz y fiscalización en el consejo.

La controversia surge cuando la mayoría, amparándose en el artículo 223 LSC, cesa a un consejero designado por la minoría, vaciando de contenido, en la práctica, el derecho de representación de esta última.

En primera instancia, el Juzgado de lo Mercantil dio la razón a los socios minoritarios, declarando la nulidad del acuerdo de cese. El juzgador entendió que la decisión de la mayoría constituía un abuso de derecho, ya que no respondía a una necesidad razonable de la sociedad, sino a un «ánimo revanchista» contra un consejero que resultaba «incómodo» por su labor de oposición y por haber judicializado, con éxito en ocasiones, ciertos acuerdos sociales.

La sentencia de instancia interpretó que la facultad de cese, aunque discrecional, no puede ejercerse de forma caprichosa o con la única finalidad de silenciar la disidencia legítima, considerando que la actuación de la mayoría lesionaba injustificadamente los intereses de la minoría sin un beneficio tangible para el interés social.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Pontevedra revocó esta decisión, ofreciendo un análisis que matiza profundamente los límites del control judicial. El tribunal de alzada parte de una premisa fundamental: la ley no exige la concurrencia de una «justa causa» para el cese de un administrador, ni siquiera para aquellos nombrados por la minoría.

La facultad del artículo 223 LSC es una manifestación de la soberanía de la junta. No obstante, esta facultad no es ilimitada. El verdadero dique de contención no es la «justa causa», sino la prohibición de la arbitrariedad.

El control judicial, por tanto, no debe consistir en valorar si los motivos del cese son suficientemente graves, sino en verificar si la decisión de la mayoría fue caprichosa, irracional o desprovista de cualquier fundamento lógico vinculado al interés de la sociedad.

La Audiencia consideró que la pérdida de confianza alegada por la mayoría no era arbitraria, sino que se sustentaba en hechos objetivos. En concreto, valoró la oposición sistemática y continuada del consejero a todas las propuestas del consejo, así como su tendencia a «judicializar la vida de la sociedad».

A juicio del tribunal, aunque el ejercicio de acciones judiciales es un derecho, su uso reiterado puede ser interpretado por la mayoría como una conducta que obstaculiza el funcionamiento ordinario de la sociedad y, por ende, justifica una pérdida de confianza.

De este modo, la Audiencia concluye que existían motivos racionales para el cese, lo que desactiva la acusación de abuso de derecho. La decisión de la mayoría, aunque perjudicial para la minoría, no fue un mero capricho, sino una reacción a una conducta que, desde su perspectiva, afectaba a la buena marcha de la administración social.

Conclusión.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra es de una enorme relevancia práctica, pues traza con mayor nitidez la frontera del poder de la mayoría en el cese de administradores.

La principal conclusión es que el control judicial sobre estos acuerdos no se basa en un juicio de valor sobre la «justicia» de la causa, sino en un test de racionalidad.

La pregunta que los tribunales deben responder no es si la mayoria tenía una buena razón para el cese, sino si la decisión de la mayoría fue manifiestamente arbitraria o irracional. Este enfoque respeta la autonomía de la voluntad social, pero impide que se utilice como un instrumento de opresión caprichosa contra la minoría.

Para los socios minoritarios, esta resolución implica que el derecho a tener representación en el consejo no convierte a sus consejeros en inamovibles.

Los socios mayoritarios deben ser conscientes de que, si bien no necesitan acreditar una «justa causa» en los términos del Artículo 224 LSC, sí deben poder fundamentar su decisión en motivos que superen un examen de racionalidad para no incurrir en un abuso de derecho.

En definitiva, este pronunciamiento judicial refuerza la idea de un equilibrio dinámico en el gobierno de la sociedad, y que la protección del interés social exige que tanto el poder de la mayoría como los derechos de la minoría se ejerzan con una finalidad legítima y dentro de los cauces de la racionalidad empresarial.

Este artículo es meramente divulgativo y no supone asesoramiento. Para más información: info@gimenez-salinas.es