Un corredor de seguros acudió al despacho a consecuencia de una demanda que le había interpuesto un cliente suyo por un importe bastante elevado. El corredor nos explicó que a petición de su cliente había realizado una primera simulación de prima del seguro, asegurando la explotación ganadera de su cliente. La simulación de la prima resultó ser demasiado elevada según el criterio del cliente, quien indicó al corredor que asegurara la actividad como si de un negocio de animales en conserva se tratara, y no como una explotación ganadera. Evidentemente el precio de la prima del seguro bajaba notablemente y ambos procedieron a formalizar la contratación de la póliza de seguro.
El problema surgió a raíz de un supuesto robo que sufrió el ganadero. Éste interpuso la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil, y acto seguido se dispuso a reclamar a su seguro el importe económico de los animales sustraídos. El corredor notificó el siniestro a la aseguradora, que a su vez lo rechazó ya que la actividad ganadera no estaba cubierta por póliza contratada.
El ganadero, negándose a que no se le resarciera económicamente por los animales sustraídos, interpuso una demanda por responsabilidad del corredor por haber asegurado incorrectamente su actividad.
Ciertamente nos encontrábamos ante la dificultad de no poder acreditar, ya que la contratación había sido toda verbal, que el ganadero había indicado de manera expresa al corredor que modificara la actividad a asegurar para que la prima saliera más económica, y el tiempo para contestar la demanda ya había empezado a contar.
Al analizar al detalle la demanda, nos dimos cuenta de varias “irregularidades”, entre las que destacaba el precio quilo de los animales sustraídos. Era un precio quilo que nos pareció demasiado elevado, por lo que procedimos a solicitar varios informes a los principales proveedores de ganado en la comunidad autónoma en cuestión. Cuando tuvimos cinco informes de proveedores pudimos constatar que el ganadero había duplicado el precio real de compra de los animales en la demanda.
Contactamos con la abogada que firmaba la demanda, y pusimos en su conocimiento que habíamos detectado que habían “hinchado” el precio de compra del quilo de animales, y que dicha acción podía constituir un delito de tentativa de estafa. Acto seguido, le ofrecimos un acuerdo amistoso, muy lejos de sus expectativas de cobro, que rechazó. Al rechazar el acuerdo le advertimos que presentaríamos una querella contra su cliente. Contestamos la demanda civil y paralelamente presentamos querella criminal.
Fuimos convocados a la audiencia previa en la vía civil, y casi simultáneamente se admitió a trámite la querella criminal, por lo que en la misma audiencia previa alegamos prejudicialidad penal, que fue estimada, quedando el procedimiento civil paralizado. A día de hoy, se ha declarado la instrucción penal como compleja, y además del ganadero, se están investigando también a su mujer y a un empleado de la finca. Paradójicamente la abogada del ganadero insiste ahora, en pactar para eludir la condena penal…
Casos como este reflejan que lo que en un principio puede parecer una reclamación o demanda sencilla, como pedir daños y perjuicios al corredor de seguros por no haber elegido el seguro más adecuado, se puede complicar y transformarse no sólo en una reclamación difícil de ganar, sino en un procedimiento contra el reclamante. Los pleitos siempre son complejos, y es importante contar con un despacho de abogados que tenga experiencia en la gestión de conflictos, que haya visto conflictos de muy diversa naturaleza, y que cuente con profesionales capaces de aportar distintos puntos de vista (civil, penal, fiscal, laboral) para obtener la mejor satisfacción de los intereses de los clientes.
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