La Circular de la Fiscalía General 1/2016 de 22 de enero de 1016 ha venido a confirmar lo que ya se había advertido por parte de varios jueces y fiscales sobre los modelos de organización y gestión encaminados a evitar la responsabilidad penal de la persona jurídica: no será eficaz y, por lo tanto, no conllevará exención de responsabilidad penal, un programa de corporate compliance estandarizado y dirigido únicamente a evitar la responsabilidad, sino que se exigirá un verdadero compromiso corporativo hacia un modelo ético de actuación y de toma de decisiones, que se demuestre efectivo para disuadir las conductas criminales en el seno de la empresa.