Administrador que obtiene un lucro a través de los proveedores en infracción del deber de lealtad.
Tras una investigación previa para constatar los hechos y los importes desviados, se convocó una Junta General para destituirle y acordar el inicio de acciones de responsabilidad. El administrador demandó a la empresa ante la jurisdicción social, aparentando ser un mero trabajador y negando todas las acusaciones contra él. Una auditoría de proveedores reveló la magnitud de los daños y el importe a reclamar en futuras acciones contra el administrador.
En este caso se combinaron las herramientas puramente societarias, como la convocatoria de una Junta General y el cese de un administrador, con medidas judiciales, como la demanda de responsabilidad, la defensa de la empresa ante la jurisdicción social, y la posterior acción de exclusión del socio desleal de la sociedad.